Despolitizar el servicio eléctrico, transparentar la tarifa que le llega a los usuarios y garantizar la seguridad jurídica para atraer inversiones extranjeras son algunas de las propuestas que hicieron los expertos que participaron en el evento virtual “Derecho y regulación eléctrica post COVID-19”, que organizaron la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) y la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR).
El evento inició con las palabras de bienvenida de William Malamud, vicepresidente ejecutivo de AMCHAMDR, y Elena Viyeya de Paliza, primera vicepresidenta de FINJUS, quienes dieron la bienvenida a los asistentes.
Malamud se refirió a la importancia del panel como ese espacio de reflexión para abordar el tema, identificar oportunidades y proponer soluciones que contribuyan a mejorar la competitividad del sector eléctrico y a atraer inversiones.
En ese sentido destacó el rol jugado por el Comité de Energía de AMCHAMDR desde donde se analiza la situación del sector energético del país y se preparan recomendaciones relevantes de políticas públicas que sean consistentes con los principios fundamentales de mercados libres, transparencia, desarrollo de prácticas competitivas y el establecimiento de una sólida economía de mercado.
Mientras que Viyeya de Paliza consideró que el webinar “Derecho y regulación eléctrica post COVID-19”, constituye una valiosa oportunidad para discutir entre profesionales y expertos cómo mejorar el sistema eléctrico, que resulta clave para el desarrollo del país.
La primera vicepresidenta de FINJUS habló de la necesidad de que las regulaciones perseveren en el tiempo para lograr estabilidad y un sistema más competitivo, especialmente en el contexto actual donde la pandemia del COVID-19 ha impactado al sector eléctrico.
La abogada y especialista en temas eléctricos Mirna Amiama, quien fungió como moderadora del evento, manifestó que la República Dominicana necesita de un sector eléctrico que aporte competitividad a los distintos sectores productivos. Citó un informe de la Agencia Internacional de Energía, donde se señala una reducción en las inversiones en el sector eléctrico a causa del COVID-19.
Mientras que la consultora internacional guatemalteca, Silvia Alvarado, destacó que en su país el Estado mantiene el control de los servicios eléctricos, pero que se ha abierto a la inversión privada, bajo regulación estricta de calidad y precios.
"Lo más importante es tener sentido común, transparencia y despolitizar el sector eléctrico, un sector que si recupera sus costos es rentable y puede ser provisto por el sector privado. Pero se necesita certeza jurídica, porque si se alteran las reglas constantemente, no llegará la inversión extranjera", sentencia Alvarado.
En ese orden, destacó que se deben realizar esfuerzos para tener una generación competitiva y transparente que permita conseguir rebajas en los precios. La consultora guatemalteca entiende que es un proceso que tardará varios años, pero traerá mucha estabilidad.
En tanto que el ingeniero eléctrico Rodolfo Fermín Maldonado, criticó que la baja en el petróleo no tuviera una eficiencia productiva que incidiera en los usuarios finales. Aseguró que el país no cuenta con una tarifa transparente que traspase los costos de los parques de generación a los clientes. En ese sentido, entiende que se precisa que las autoridades del sector hagan auditorías a los medidores.
Fermín propuso como solución que se le dé paso a sector privado dentro del sector eléctrico, por entender que sabe cómo cobrar y facturar, mientras que se pueden dejar las redes eléctricas en manos del Estado.
Manuel López San Pablo, gerente general del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, habló de que hubo un alto nivel de disponibilidad de generación para suplir la demanda de energía eléctrica durante la cuarentena, especialmente en el aumento del consumo en los clientes residenciales. El funcionario destacó que en ese período hubo una reducción de los mantenimientos preventivos.
Elisa Veras, experta en derecho empresarial y legislación económica, hizo un recuento histórico de cómo estaba compuesto el sector eléctrico hace unas décadas. A su juicio, el país debe decidir qué quiere y a partir de ahí trabajar las reformas al sector eléctrico.