Apoyamos el llamado del sector privado para poner fin al estancamiento político que ha socavado la capacidad del gobierno para celebrar elecciones libres y justas que son tan necesarias para la restauración de la legitimidad del orden constitucional.
Aplaudimos el llamado al sector privado a favorecer un clima de institucionalidad a través del respeto a las normas del Estado de Derecho, lo cual implica un sometimiento al imperio de la Ley, la garantía de los derechos fundamentales, una separación entre los poderes públicos y el control de la administración pública por parte de los tribunales de justicia. Además, es preciso operar de manera transparente y justa, y la urgente necesidad de contribuir con el pago de los tributos, entre ellos impuestos y aranceles.
Igual de importante es la necesidad de mejorar la capacidad recaudatoria del gobierno bajo condiciones justas, pero a la vez firmes. Estos recursos se necesitan con urgencia para fortalecer la policía nacional y erradicar la violencia sin precedentes del crimen organizado y pandillas los cuales han aterrorizado a la población haitiana y paralizado la economía. De hecho, la escala y el alcance de la violencia de las pandillas es tal que el gobierno ha de valerse de la cooperación internacional para su combate y eliminación de conformidad con las normas del derecho internacional.
Este círculo vicioso de parálisis política, deterioro del Estado de Derecho, disminución de la actividad económica y creciente violencia del crimen organizado y pandillas está teniendo un impacto cruel y brutal en la vida del pueblo haitiano a la cual se le debe poner fin. Sumamos nuestra voz al llamado a la clase política en Haití para que anteponga los intereses del pueblo haitiano a los intereses partidistas más estrechos y acuerde un camino a seguir con elecciones libres, justas y transparentes. El statu quo no es sostenible.